"Sobre la impunidad de cada día"

autor Cristhie Mella

miércoles, 11 de junio de 2008

Así como ministros y todos quienes ejercen una función pública en esta frágil democracia son pasados al pizarrón de tanto en tanto, aún cuando sea sólo para sacar dividendos políticos, con mayor razón aun debiesen estar bajo escrutinio objetivo aquellos organismos del estado que detentan misiones tan delicadas como el control social, quienes en última instancia ejercen cuotas de poder por sobre la población civil. Es un hecho de la causa que las instituciones de control social han sido históricamente un importante bastión del poder político. De ellos se vale este para concretar el disciplinamiento necesario para concretar un ideario ideológico que es el que sustenta a la clase política dirigente y mantiene el orden de cosas a su conveniencia. En consecuencia, estas fuerzas de control social van adquiriendo un carácter mas o menos represivo de acuerdo a lo pauteado desde el poder político. En Chile, específicamente las instituciones como Carabineros de Chile, primera línea de fuego entre gobierno y ciudadanía, llevan una marca indeleble, cual es haber sido parte de la política del terror aplicada durante la dictadura y, bajo cuyo mandato sucumbieron, no pocas veces, a la tentación del abuso en la mayor parte sus actuaciones. Bajo democracia, y en espera aun de que las “instituciones funcionen” como debiesen, es posible visualizar con aun mayor claridad una serie de atropellos y vejámenes que solo creímos reservado para aquellos duros años de dictadura. Las últimas actuaciones de carabineros en el marco de manifestaciones ciudadanas así lo demuestran, al menos las escenas de carabineros disparando a estudiantes en pleno centro de Santiago son para preocuparse, por decir lo menos Pero un capítulo especial merecen las llamadas Fuerzas Especiales de Carabineros, estos verdaderos símiles de Robocops criollos, personajes con muy baja instrucción y a menudo, obcecados y delirantes con el poder conferido en virtud de sus trajes de batalla. Dicho sea de paso, trajes que no hacen otra cosa que compensar las profundas carencias y diminutas personalidades de muchos de quienes conforman estos escuadrones del miedo. Lamentablemente no hemos podido contar hasta ahora con una policía profesionalizada, por más que el gobierno así lo quiera presentar. Quienes ingresan a Carabineros de Chile son en su gran mayoría jóvenes sin siquiera cuarto medio rendido, provenientes de hogares pobres segregados material y culturalmente, y donde la alternativa a convertirse en simple jornal es engrosar las filas de la “noble institución”, en donde al menos se crean expectativas de ascenso que, con baja preparación, en pocos lados se obtienen. Una vez allí, la principal instrucción que reciben parece ser la misma que recibían bajo dictadura: la doctrina del enemigo interno, que los mentaliza y prepara para combatir como perros rabiosos cualquier atisbo de desafió al orden establecido que ellos deben resguardar para los poderosos. Desde hace un tiempo los vemos hasta ejecutar labores de inteligencia en el Sur de nuestro país, en el marco de lo que personalmente he denominado “la guerra sucia” que el gobierno mantiene contra las demandas ciudadanas de justicia social en territorio mapuche. Seguimientos, espionaje telefónico y electrónico, detenciones arbitrarias, amedrentamientos, etc. son parte del amplio espectro de acciones que se les ha encomendado a nuestros Robocops, todo por supuesto, desafiando la legalidad y el mínimo respeto de los Derechos Humanos, cosa que se ha vuelto cada vez más común bajo el paisaje de esta democracia tutelada. Sus principales reductos de poder están en las comunidades sitiadas bajo el poder patronal de las grandes empresas forestales, allí donde pocos pueden documentar las arbitrariedades, en lo que es una férrea militarización y donde las acciones de abuso policial incluyen mujeres indefensas y hasta niños, victimas de acoso y maltrato psicológico diagnosticado. Lo que ocurre es que en este mal parido proyecto de democracia, las fuerzas policiales continúan actuando con el aval del gobierno como en los mejores -peores- tiempos del régimen dictatorial. En consecuencia se niegan a abandonar las prerrogativas concedidas y por lo tanto continúan actuando bajo completa impunidad, impunidad hasta para matar como ha sido en los casos de de Alex Lemun, Matias Catrileo, Johnny Cariqueo, Rodrigo Cisternas y otros que, en virtud de la contingencia mediática no han adquirido notoriedad pública. Todas estas muertes han sido invisiblilizadas por el gobierno, sin que se haya alcanzado justicia en ninguna. Sin embargo, a estas alturas ya no debiera extrañarnos que actúen como verdadera policía política a toda hora a la caza de los disidentes, más que abocados a las funciones de resguardo de la ciudadanía que si debiesen cumplir. De hecho, se podrían escribir crónicas tras crónicas con las situaciones de violencia intrafamiliar y femicidios evitables si Carabineros hubiese acudido a los llamados o si se hubiesen ocupado de hacer cumplir medidas cautelares decretadas por Tribunales de Familia. Claramente para una institución misógina esas situaciones de amenaza clara a la integridad y la vida de mujeres y niños indefensos no constituyen prioridad. De ahí que no comprendo la complacencia de la Presidenta con estas Fuerzas del orden tan esquizofrénicas y peligrosas. ¿Quién nos liberará de los abusos si se les continúa dando carta blanca para violentar sin discriminación alguna? Entiéndase que aquí todos somos potenciales victimas y que por lo tanto, estamos frente a un tema que nos debe convocar en función de hacer primar el respeto a nuestros derechos fundamentales, mínima condición para que una sociedad pueda avanzar. Por Cristhie Mella, Psicóloga chilena, Máster en Criminología y Psicología Forense